Uno de los ejes principales de la reforma es prohibir cualquier tipo de discriminación en el trabajo. Los empleadores ya no pueden despedir ni presionar a renunciar a sus trabajadores por razones religiosas, políticas, raciales o étnicas. También queda vedado cualquier tipo de presión que limite el ejercicio de la libertad religiosa o ideológica, siempre que estas no interfieran con el desarrollo del cargo.

Asimismo, la ley protege de forma explícita a personas víctimas de violencia de género, mujeres, y personas con identidades de género diversas. No se permite despedir, desmejorar condiciones ni omitir acciones que garanticen sus derechos, basándose en aspectos como nombre identitario, orientación sexual o historia personal.

Una de las innovaciones destacadas es la prohibición de asignar tareas físicamente exigentes a mujeres en estado de embarazo. Si la trabajadora se niega a realizar ciertas funciones que comprometan su bienestar físico, esta decisión no puede ser usada en su contra para disminuir su salario o cambiarla a un cargo inferior. El empleador tiene el deber de reubicarla adecuadamente según su condición de salud.

De igual forma, los despidos por enfermedad o afectaciones de salud mental sin una justificación objetiva ahora están restringidos. Para proceder, se debe contar con una autorización específica, garantizando que no se vulneren los derechos del trabajador.